Inundaciones en Venezuela: más de 60 mil damnificados tras el desborde del río Orinoco
"Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar"
Rios y Desastres Naturales
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Siete estados del país están en emergencia y los más golpeados son: Amazonas, Apure, Bolívar y Delta Amacuro. Estos cuatro concentran la mayoría de las poblaciones indígenas de Venezuela.
Un estudio señalaba que estas inundaciones anuales podrían provocar este desastre humano por la mala planificación urbana, la deforestación y la falta de medidas de control y mitigación.
Las fuertes lluvias causadas por 33 de las 60 ondas tropicales esperadas para este año en Venezuela, han producido la crecida más grande registrada desde 1976. El río ha subido hasta los 18,34 metros sobre el nivel del mar hasta el sábado 25 de agosto en Bolívar y hasta los 54,28 metros en el Amazonas. Ambas superando las marcas anteriores de 1976, mientras los pronósticos meteorológicos estiman que las lluvias continuarán. Las inundaciones en Venezuela han afectado hasta el momento a más de 60 000 personas, cientos de familias que lo han perdido todo.
Los estados más afectados son: Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Anzoátegui, el sur de Monagas y Guárico. Las daños también han alcanzado tierras agrícolas y ganaderas, lo que puede comprometer la ya disminuida producción de alimentos en el país.
El río Orinoco, el tercer afluente de agua dulce con más caudal en el planeta, recorre siete estados de Venezuela, desde el sur hasta el oriente. El explorador y naturalista Alberto Blanco Dávila ha recorrido estos 2140 kilómetros, desde su naciente en el cerro Delgado Chalbaud —en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el estado de Amazonas— hasta su desembocadura en el mar Caribe, en el estado Delta Amacuro. Blanco sostiene que esta emergencia no ha sido provocada por “el Arco Minero ni la destrucción de zonas como la Reserva Forestal de Imataca, sino por una mala planificación en la gestión de riesgos y permitir que se construya en zonas inundables. Eso incluye a los indígenas, que han perdido todo sentido con la llegada de la minería, ya ni pescan ni cazan, todos se van a sacar oro”, le dijo a Mongabay Latam.
Los niños y adolescentes son los más afectados por enfermedades a la piel, diarreas y vómitos. Foto: Ronny Rodríguez Rosas.
En el Delta del Orinoco, donde ya empiezan a bajar las aguas, la diputada Larissa González, denuncia que 10 000 personas han sido afectadas debido a la falta de mantenimiento del sistema de control de inundaciones, que evita que las crecidas anuales afecten a las poblaciones. Los indígenas waraos del Delta están sufriendo una epidemia de VIH, sarampión y tuberculosis desde hace años. Solo en 2018 han muerto 54 por el sarampión, según la ONG indígena Kapé Kapé. La diputada denuncia que ahora han perdido sus viviendas y enseres, mientras se reportan niños con diarrea, deshidratación y hongos en la piel. En esta región, en el extremo oriental de Venezuela, la emergencia fue decretada el 2 de agosto, pero la ayuda apenas ha llegado.
“Piden dinero al gobierno central pero no lo usan para atender a la población. Todos los refugios son improvisados, en escuelas rurales donde no hay duchas ni agua potable. La semana pasada murieron un adulto y un niño por falta de atención médica. No he podido visitarlos porque las lanchas cobran entre 150 y 250 millones de bolívares por día (unos 20 dólares). El año pasado llevé medicinas y alimentos, pero ahora no tenemos recursos económicos. Hace tres días a un niño que se bañaba en el río casi lo devora una anaconda”, denuncia la diputada González, quien como sus colegas no cobra su salario desde hace dos años por el conflicto institucional con el Ejecutivo.
Amazonas bajo agua
En los mitos aborígenes sobre la creación del mundo, el Orinoco es parte fundamental de varias culturas indígenas que se han desarrollado a orillas del río. Y el pueblo de los tamanacos es una de ellas, una etnia del Caribe asentada en el Amazonas —el segundo estado con mayor extensión de Venezuela y el de mayor población indígena— que considera al Orinoco el padre de todas las aguas, que nació de una gran inundación de 40 días a la que solo sobrevivió una pareja que pudo observar a los creadores del río.
Hoy Amazonas vive una emergencia humanitaria que ya superó los 40 días de la mitología tamanaco.
Seis de sus municipios están actualmente bajo las aguas: Atures, Atapabo, Autana, Maroa, Río Negro y Alto Orinoco. Y los dos primeros son los más afectados.
Desde junio, la población de Amazonas es afectada por una de las peores inundaciones de los últimos años. Foto: Olnar Ortiz – AC Kapé Kapé.
En Puerto Ayacucho, la capital de Atures y del estado, las aguas se desbordaron en más de 15 sectores y los refugios siguen creciendo para acoger a las personas que lo han perdido todo.
Diego Maroa, voluntario que coordina un refugio instalado en la Escuela José Gumilla de Puerto Ayacucho, resalta que pese a la asistencia con comida y medicinas, las casi 100 personas alojadas hasta esta semana, requieren de agua potable y de más ayuda. Solicitaron 50 metros de manguera a las autoridades regionales para sacar agua de un pozo profundo, pero hasta la fecha siguen esperando por ella.
En la comunidad de El Zamuro, Wilder Castellano, un adolescente de 16 años junto con su esposa de la etnia Jivi y su pequeño hijo vieron como el agua arrasó por completo consu vivienda. Apenas se divisa el techo de la casa de bloques, pero siguen allí, no se han ido a un refugio, porque temen que la ola de robos los alcance y terminen por perder lo poco que les queda.
Desde otro punto de El Zamuro, este pescador indígena narra la grave situación que están viviendo. Cuenta que el río ha traído consigo peces, culebras y rayas que se han convertido ahora en un problema porque atacan a los afectados. “Los niños se han enfermado con sabañón (eritema rojizo en la piel), yo también y mi esposa”, resalta.
El exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, indígena de la etnia baniva, que estuvo al frente de la administración de esta región durante 16 años, reconoce que en 200 años esta es la peor inundación que vive el estado. Hasta la semana pasada cuestionaba las cifras oficiales sobre el número de damnificados. Para él la cifra que ha dado el Gobierno central no se ajusta a la realidad. Solo en Ayacucho hay 8000 familias afectadas, calculó.
Los pobladores de Amazonas reclaman una mayor atención a las autoridades, en especial asistencia médica, insumos médicos y agua potable. Foto: Olnar Ortiz – AC Kapé Kapé.
“Es una situación dramática. No han implementado una labor conjunta. Una emergencia no es solo recursos, sino un comando unificado para enfrentar la situación, están el tema de la salud y que hay ahora problemas de delincuentes que roban techos y cables. Es una situación de saqueo a los que ya están mal. La mayoría perdió sus enseres totalmente. El desastre o la pérdida hasta ahora no tiene límites, no tenemos las cifras para manejarlas”, resume.
En Atabapo la situación es más crítica. Este municipio amazonense está rodeado por los ríos Orinoco, Atabapo y Guaviare.
Magaly Aragua, de la etnia indígena bari, vivía en el barrio México, pero tuvo que irse a un refugio para atender a su pequeño hijo de apenas un mes de nacido.
El bebé, el tercero de la joven de 29 años, nació en medio de la emergencia. Magaly no tiene recursos ni forma de irse a Puerto Ayacucho para tratar de encontrar alimentos y pañales que necesita el pequeño.
Abandonó su casa cuando el niño tenía apenas 15 días de nacido.Ahora, tendida en una hamaca para darle pecho a su bebé, pide comida y pañales, porque no tienen acceso a alimentos, medicinas ni cómo trasladarse.“Queremos que nos ayuden porque ahorita los necesitamos, con lo que puedan”, pide en medio de la desesperación Aragua.
El último niño de Magaly Aragua, indígena bari, nació en medio de la peor inundación que vive San Fernando de Atabapo. Foto: Olnar Ortiz – AC Kapé Kapé.
El Gobierno instaló un puente aéreo en Amazonas para trasladar comida y medicinas, envió 50 toneladas de alimentos y en camino iban dos barcos de la Armada con 120 toneladas más de productos.
Pero los amazonenses siguen esperando más apoyo. Matilde Bautista, damnificada del río Atabapo en San Fernando tiene 61 años. De adolescente vivió la inundación de 1976. Recuerda que el agua no llegó a todas las calles y en su casa materna, no hubo la afectación.
Es indígena bari de la comunidad alaña, aunque no habla su lengua. Hace un mes también quedó en la nada, cuando el agua arrasó con lo poco que tenía: colchones, televisor, escaparate y demás enseres. En principio, cuando el agua no había subido tanto, pudieron colocar sus pertenencias en partes secas de la vivienda, pero después ya no hubo forma.
Relata que no tienen cómo adquirir estos implementos una vez que se normalice la situación. “No vamos a tener para eso, cómo lo vamos a comprar si nosotros de vaina comemos, cómo vamos a comprar un colchón, que eso está carísimo”, se pregunta con angustia.
En el último balance oficial de las autoridades del 14 de agosto, se mencionó que en siete estados del país las lluvias dejaron a 6700 familias afectadas. En Amazonas se habla de 2400 familias que están en 1500 refugios temporales y otras 500 en refugios familiares, es decir, en casas de hermanos, madres o vecinos para resistir el temporal. Desde entonces, el Gobierno ha guardado silencio sobre la cantidad de refugios y afectados.
Amazonas está además incomunicada por vía terrestre. La única vía de acceso es por Bolívar, pero se encuentra en condiciones casi intransitables.
La ayuda humanitaria vía terrestre a Amazonas se vio afectada por la crecida del Orinoco que bloqueó el paso. Foto: Olnar Ortiz – AC Kapé Kapé.
La organización indígena Kapé Kapé, de la que Olnar Ortiz es uno de sus miembros, advirtió que podrían incluso quedar sin comunicación telefónica, después de que la subestación eléctrica en Puerto Páez, estado de Apure, quedó prácticamente bajo las aguas.
“Se han perdido casas por estar más de un mes bajo las aguas, vehículos, enseres”, le contó Ortiz a Mongabay Latam. Y denunció que el gobierno ha impedido varias veces el ingreso de la Cruz Roja Internacional, que tuvo que instalarse en el lado colombiano de la frontera, cerca de San Fernando de Atabapo, para atender a las víctimas de la tragedia.
Las comunidades indígenas en Amazonas enfrentan además brotes de sarampión confirmadas incluso por la Organización Panamericana de la Salud, que informó el pasado 20 de julio que había 123 casos reportados entre los yanomamis del municipio Alto Orinoco.
Desastre previsto en Bolívar
El ingeniero ambiental, Jhonny Santodomingo, dijo por redes sociales que la emergencia que afecta hoy a siete Estados de Venezuela pudo preverse. Y mencionó el estudio “Inundaciones extremas”, elaborado por la Dirección de Ambiente de la Gobernación de Bolívar y en el cual participó, que advertía sobre el impacto social, económico y ambiental que produciría en la capital de Bolívar una crecida “histórica” del río Orinoco. En este estado, el más extenso del país y donde se encuentran los mayores yacimientos de oro, diamante y coltán, así como una rica biodiversidad que incluye miles de plantas poco estudiadas en las mesetas llamadas tepuyes, el Parque Nacional Canaima y el Salto Ángel, se estiman más de 11 000 personas damnificadas. De ellas más de 7000 se encuentran en 80 refugios temporales habilitados para hacer frente a la emergencia.
En el estudio, realizado junto a Carlos Castillejo, se explica que los procesos antropogénicos aumentan los efectos de este proceso natural que podría transformarse en una tragedia de gran envergadura.
El documento señala como un peligro, además, la construcción anárquica de barrios en las planicies inundables del Orinoco. Esto ha provocado una pérdida de la capacidad de absorción de los suelos al ser cubiertos por cemento y asfalto, aumentando la vulnerabilidad de estas poblaciones. A esto se le suma la erosión causada por la tala de bosques y cultivos. Esto dejaría bajo las aguas alos asentamientos ubicados al norte de la ciudad, así como a los situados en la parte baja de la cuenca del Río San Rafael y Buena Vista, donde la falta de vegetación acelera la velocidad de la llegada del agua.
Según la ONG Provita, socio local de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), entre los años 2000 y 2015 se han perdido 5266 kilómetros cuadrados de bosque en la Amazonía Venezolana. Pero la mitad en los últimos cinco años. Esta pérdida incluye 445 kilómetros cuadrados dentro de las áreas naturales protegidas y 953 dentro del Arco Minero, proyecto de explotación de oro, coltán y diamantes situado al sur del río Orinoco, donde se han entregado concesiones a 150 empresas extranjeras. Estos resultados, basados en imágenes de varios satélites, fueron presentados en el I Congreso regional de Conservación Biológica en Trinidad y Tobago, celebrado el 26 de julio último. Vilisa Morón-Zambrano, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, explica que la minería a pequeña escala es la mayor responsable de la deforestación, superando a actividades más tradicionales como la agricultura y los asentamientos urbanos.
Bombas de alta potencia son usadas para la minería. Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela.
El urbanista Simón Yegres y la ONG Contraloría de lo Público y lo Urbano llaman la atención sobre la falta de planificación de las autoridades de Bolívar. Este grupo de expertos denunció que no ejecutaron el Plan de Ordenación Urbanística de 1995, que establecía medidas para las comunidades ribereñas, ni el Plan de Desarrollo Urbano y Local de 2006 que incluía siete planes especiales para la Ciudad Bolívar. Pero también resaltaron un mal manejo de los embalses en las represas hidroeléctricas, que se llenaron de más al no ser usados debido a las fallas en varias de las turbinas de la Hidroeléctrica del Guri, y que tampoco fueron aliviadas progresivamente.
En el estudio, Castillejo y Santodomingo hacen una larga lista de advertencias y recomendaciones. Mencionan, por ejemplo, la importancia de darle un mejor mantenimiento a los caños y canales naturales al norte de la ciudad, contar con una mejor infraestructura de mitigación de inundaciones, un programa de reforestación, colocar varias plantas de bombeo y brindar formación ambiental a los líderes comunitarios.
Así mismo, apuntan las posibles afectaciones ambientales, especialmente por la llegada de “flash floods” o subidas muy rápidas del cauce del río, que afectando los pie de montes logran arrastrar infraestructuras. De esta forma, al arrastrar desechos sólidos y tóxicos, así como desbordar el sistema de aguas negras, pueden alterar el paisaje, contaminar quebradas y otros ríos, afectar la cobertura vegetal urbana y el hábitat de la fauna endémica.
Desde la semana pasada hay alerta roja en los municipios bolivarenses de Heres, donde está Ciudad Bolívar; Caroní, donde el río del mismo nombre que es un afluente del Orinoco se desbordó; y Caicara del Orinoco, donde la mayoría de las viviendas siguen bajo las aguas. El Parque La Llovizna en Puerto Órdaz y el Paseo Orinoco en Ciudad Bolívar, ubicadas en las riberas del río, han sido clausurados.
La zona de inundación en la Ciudad Bolívar se concentra en las calles alrededor del Paseo Orinoco. Fotos: José Félix Leal.
Mientras tanto, las reubicaciones al norte de Ciudad Bolívar continúan. José Félix Leal, de la ONG Phynatura, cuenta que el principal problema es el estancamiento de aguas cloacales que no han podido ser vertidas. “Cuando esto baje, quedarán los excrementos en las calles”, dijo una vecina que prefirió resguardar su nombre tras salir de su vivienda.
Las autoridades gubernamentales hablan además de daños en otros municipios como Gran Sabana —donde se ubica el Parque Nacional Canaima con 30 millones de hectáreas— y Sucre, a orillas del río Caura, donde viven 52 comunidades aborígenes. De nuevo, la complejidad de los accesos, las fallas de las telecomunicaciones y la censura oficial no permiten establecer un balance completo de daños hasta que el Orinoco vuelva a bajar sus niveles.
Fuente:
Jeanfreddy Gutiérrez Torres
Ronny Rodríguez Rosas
Mongabay
Agosto, 2018