Conservación y desarrollo: la complejidad del problema de la Selva Lacandona

"Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar"

Recurso Hídrico y Pueblos Originarios

Una visión holística es necesaria para lograr un equilibrio entre el desarrollo de las comunidades locales y el estado de conservación de la Selva Lacandona.

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Los problemas socioambientales de la Selva Lacandona deben abordarse de una forma integral si se pretende que las comunidades locales continúen con su conservación. A partir del último tercio del siglo XX, la cobertura selvática de la Lacandona se ha reducido en un 70% debido principalmente a tres actividades: la agrícola, la ganadera y la maderera (Castillo, 2000). Actualmente, se ejerce demasiada presión sobre las comunidades indígenas y campesinas que habitan la región para que conserven la selva, mientras por otra parte, varios programas gubernamentales promueven las actividades agropecuarias. Lo cierto es que hace falta tener otras tantas consideraciones que quizá no se estén atendiendo si se busca llegar a un equilibrio entre el estado de conservación de los ecosistemas y el avance de las actividades que sustentan la vida de las comunidades.

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En este ensayo se argumenta la necesidad de una visión holística para lograr un equilibrio entre el desarrollo de las comunidades locales y el estado de conservación de la región Selva Lacandona, en un momento en el cual es crucial fomentar acciones de manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales en la región. Se sostiene que la situación de la Selva Lacandona debe ser entendida como un problema público, y por ello se analiza en qué situación se encuentran las comunidades locales y cuál es la repercusión en el estado de conservación de una de las regiones más importantes del país y de Mesoamérica.

Si se retoman las palabras de Arellano y Blanco (2013) se le puede atribuir la calidad de público a un problema que ha sido posicionado en la agenda gubernamental, porque ha requerido una argumentación que lo presente ante la opinión pública como una cuestión con implicaciones negativas que ameritan la atención y deben ser resueltas con ayuda del gobierno. Aguilar (1993) habla de los problemas públicos como aquellos problemas sintomáticos de problemas de mayor trascendencia y cuya complejidad aumenta en la medida que se profundiza la intervención estatal. Tal parece ser el caso de la Selva Lacandona. La pérdida de la selva debido a la deforestación y el cambio de uso de suelo representa un problema para quienes se benefician directamente de los recursos, pues los miembros de las comunidades requieren de la madera, de la pesca o el agua de los ríos para sus actividades cotidianas, pero también para quienes requieren de los servicios ecosistémicos que provee la región a nivel nacional, pues la selva sirve como reservorio de grandes volúmenes de carbono, contiene en su sistema hidrológico el 56% del agua del río Usumacinta, que junto con el Grijalva, forman la mayor cuenca hidrológica en México (Lazcano-Barrero, March y Vásquez-Sánchez, 1992). En el aspecto económico, también se ha reconocido la importancia que tiene la región como uno de los principales atractivos turísticos del estado de Chiapas, tanto por su vasta diversidad biológica como por su riqueza cultural.

Lo anterior ha llevado a distintas administraciones de los gobiernos, estatal y federal, a reafirmar su compromiso con las comunidades y la conservación de la selva. Sin embargo, en estos esfuerzos poco se han considerado los orígenes históricos del conflicto hoy existente en la región. A saber, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el ingreso de madereras transnacionales, el establecimiento de grupos ganaderos provenientes de Tabasco y el inicio de las labores de exploración para detectar yacimientos petrolíferos comenzaron a causar estragos en la selva (Eroza Solana, 2006; Fuentes y Soto, 1992). Los problemas originados no sólo fueron de índole ambiental, sino que después de los decretos presidenciales de la década de los 70, se otorgó derecho sobre la tierra a las subcomunidades lacandonas sin tomar en cuenta los otros asentamientos que ya se encontraban ahí, principalmente de los grupos indígenas choles y tzeltales. Los llamados asentamientos irregulares se reubicaron en los nuevos centros de población ejidal. En conjunto, de todo lo anterior se ha generado una escasa o nula cohesión social entre las comunidades de diferentes orígenes y por tanto, una dificultad sustantiva para la organización interna en la región.

Desde su llegada a la zona, los habitantes de las comunidades se tuvieron que enfrentar a las condiciones más inhóspitas, desmontar, esperar la llegada de las carreteras, sobrevivir al paludismo. Empero, estas condiciones no han cambiado del todo para ellos, pues en la actualidad aún viven en condiciones de completa marginación, los caminos son poco accesibles y en su mayoría de terracería, lo que complica sus traslados para comerciar o recibir atención médica o educación. La luz y el agua potable llegaron hace menos de 2 décadas (Eroza Solana, 2006) y los programas gubernamentales que llegan son un paliativo para mejorar marginalmente sus condiciones de vida.

Distintos instrumentos de política se han implementado en la región con el objetivo de mejorar las condiciones de sus habitantes y promover la conservación de la selva a través de la deforestación evitada. De acuerdo con la Iniciativa de Reducción de Emisiones de la Región Lacandona (CONAFOR, 2016) existen dos tipos de políticas en la selva, cada una con sus respectivos instrumentos: en la primera entran los instrumentos de conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales, como las áreas naturales protegidas (ANP), el pago por servicios ambientales (PSA) y los instrumentos de manejo en donde incluso se habla del fomento del ecoturismo; en la segunda se encuentran los instrumentos que buscan mejorar los sistemas productivos y las políticas agropecuarias, como Proagro y Progan.

Si bien pudiera pensarse que los instrumentos señalados se complementan para abordar un mismo problema, hoy día para los habitantes de la selva las áreas protegidas representan una limitante para hacer uso de los recursos a los que antes tenían acceso, y de acuerdo con Tejeda-Cruz (2009), éstas se han decretado de forma unilateral por parte del gobierno mexicano con escasa o nula participación de las comunidades. El incentivo que reciben de PSA no resulta suficiente para cubrir sus necesidades y en muchas ocasiones deben retirar las tierras inscritas en el programa para volver a las actividades agrícolas. Por otra parte, el ecoturismo no es viable porque los caminos hacen difícil el acceso a la región, y entonces, las opciones más accesibles para ellos son recurrir a plantaciones de palma africana, ganadería extensiva o cultivos. En este sentido, es posible observar una falta de coherencia entre instrumentos de política que, como sugieren Cejudo y Michel (2016), posiblemente por separado cumplan su propósito, pero la falta de coherencia de instrumentos anula la posibilidad de resolver problemas públicos amplios.

A partir de lo anterior, se puede concluir que la labor que se delega sobre las comunidades locales para conservar la selva resulta en una encrucijada, pues se espera que sean ellos quienes conserven una de las regiones más importantes a nivel nacional (de modo que todos puedan beneficiarse con los servicios ecosistémicos que ofrece), pero no se consideran muchas otras presiones que se ejercen sobre ellas, como el hecho de que sus habitantes también necesitan buscar su propio desarrollo, tienen que ver primero por su propia subsistencia y que enfrentan problemas desde hace décadas que no han sabido ser resueltos, como la dificultad de acceso a los recursos y servicios básicos, y problemas para diversificar sus ingresos.

Fuente:

Ecooesfera

Diciembre, 2018